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Cuando inicié la investigación sobre el escándalo de los auxilios económicos en Panamá, jamás imaginé la magnitud y profundidad de corrupción institucional que descubriría. Desde el principio, fue claro que estábamos frente a un caso emblemático del mal uso de fondos públicos, recursos originalmente destinados a brindar apoyo a ciudadanos vulnerables, sectores desfavorecidos y comunidades con necesidades urgentes.

Mi trabajo periodístico destapó una red sistemática de corrupción en la que diputados y funcionarios públicos desviaron millones de dólares bajo la figura de “auxilios económicos”. Estos fondos, lejos de llegar a los más necesitados, terminaron financiando actividades personales, electorales y partidistas, construyendo así una estructura clientelar que debilitó profundamente la ética y transparencia del sistema político panameño.

En el proceso investigativo, a través del sistema de gestión financiera SCAFID de la Contraloría, identifiqué patrones claros de contrataciones irregulares y uso indebido de fondos públicos. Al momento en que las publicaciones comenzaron a salir en los medios Foco y La Prensa, el escándalo ganó relevancia pública, lo que llevó a que la Contraloría bloqueara el acceso a estos documentos, declarándolos reservados, generando aún más sospechas e indignación pública. En particular, el diario La Prensa publicó un buscador interactivo de auxilios económicos, facilitando a la ciudadanía el acceso a información sobre los fondos desviados.

A medida que profundizaba en los detalles, emergieron numerosos casos específicos en los que figuras políticas prominentes utilizaron estos recursos indebidamente para campañas electorales, pagos a activistas políticos, gastos personales y la financiación de proyectos y eventos inexistentes. Este manejo irregular representó una pérdida millonaria para Panamá, además de minar gravemente la confianza ciudadana hacia sus instituciones.

Durante esta investigación, fui testigo de las reacciones inmediatas: algunos diputados y funcionarios públicos enfrentaron procesos legales por peculado, malversación de fondos, falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. Sin embargo, también observé con frustración cómo muchos procesos quedaron atrapados en retrasos, maniobras legales y una evidente falta de voluntad institucional para enfrentar plenamente la corrupción.

La presión de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y sectores independientes, impulsada por la revelación de mi trabajo, ha sido esencial para exigir transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, este escándalo demostró que existen profundas debilidades en el marco institucional panameño, resaltando la necesidad urgente de reformas estructurales que aseguren un uso íntegro y transparente de los recursos públicos.

Hoy, aunque algunas de mis investigaciones avanzaron a acusaciones formales, otras permanecen pendientes o sin resultados concluyentes, perpetuando una sensación de impunidad. Este caso sigue siendo un ejemplo claro de los retos que Panamá enfrenta en la lucha contra la corrupción institucionalizada y la búsqueda constante de una gobernanza más justa y transparente. A finales de este año publicaré un libro con más información sobre toda la investigación, desde el día cero hasta nuevos hallazgos importantes que aún no han sido revelados.

Para más detalles, puedes visitar el buscador de auxilios económicos publicado por La Prensa. Aquí

Han pasado más de 50 años desde que, en junio de 1972, se destapó uno de los mayores escándalos políticos del siglo XX: Watergate. Sin embargo, lo que hoy recordamos es la renuncia del presidente Richard Nixon, que ocurrió dos años después, en 1974, marcando un antes y un después en la relación entre los gobiernos y los ciudadanos. Fue un recordatorio de que, por muy alto que sea el cargo, ningún líder está por encima de la ley.

Aquel momento fue crucial porque reveló la importancia del periodismo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Periodistas como Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post, no se dejaron intimidar y fueron quienes destaparon el complot de espionaje y encubrimientos que comprometían a la administración de Nixon. El resultado fue histórico: el presidente de la nación más poderosa del mundo renunció en un acto sin precedentes.

Hoy, 50 años después de esa renuncia, las lecciones de Watergate siguen siendo vigentes, especialmente en países como Panamá, donde la corrupción y el abuso de poder no son historias del pasado. Casos recientes como los Varelaleaks, el uso del software de espionaje Pegasus, o la filtración de los Panama Papers han desnudado realidades incómodas. Pareciera que, al igual que en los tiempos de Nixon, algunos líderes creen que pueden operar en la oscuridad sin enfrentar consecuencias.

Pensemos, por ejemplo, en los Varelaleaks. Las filtraciones de las conversaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela dejaron al descubierto los entresijos del poder en Panamá. Se hicieron públicas conversaciones que mostraban posibles actos de corrupción y decisiones que, de cara al público, hubieran permanecido ocultas. Aunque el contexto es muy diferente al de Watergate, la esencia es similar: un abuso de poder, la confianza traicionada y el peso de la verdad que finalmente sale a la luz.

Otro caso que nos invita a reflexionar es el uso del software Pegasus, una herramienta diseñada para espiar a periodistas y opositores políticos. El paralelismo con Watergate es claro: en ambos casos, el espionaje se utilizó como un arma para controlar y acallar a quienes cuestionaban el poder. La tecnología ha cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma: se intenta reprimir la crítica y la libertad de expresión, uno de los pilares de cualquier democracia.

Y luego están los Panama Papers, un escándalo de proporciones globales que sacudió al país en 2016. Esta filtración, aunque centrada en las finanzas offshore, no deja de tener puntos en común con Watergate. La corrupción, el secretismo y el uso de estructuras opacas para evitar la justicia fueron el denominador común. El impacto fue tan profundo que el nombre de Panamá quedó marcado en la conciencia internacional, como un sinónimo de paraíso fiscal y falta de transparencia.

Ahora bien, lo irónico en el caso de Panamá es que, a pesar de estos escándalos, el país ha hecho esfuerzos por crear instituciones que, en teoría, deberían promover la transparencia y luchar contra la corrupción. La creación de entidades como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, entre otras, parecería un paso en la dirección correcta. Sin embargo, estas instituciones no han tenido el impacto esperado. ¿La razón? Todas estas entidades están directamente controladas o elegidas por el propio gobierno, lo que diluye su independencia y efectividad.

A pesar de contar con estas “instituciones de control”, los escándalos de corrupción siguen emergiendo, y la desconfianza pública persiste. Esto plantea una pregunta crucial: ¿de qué sirve tener organismos que, en teoría, deberían vigilar al poder, si los mismos que deben ser vigilados son quienes eligen a sus directivos? Esta es una lección que Panamá aún no ha aprendido completamente, a diferencia de lo que sucedió tras el Watergate en Estados Unidos.

Aunque el contexto y la magnitud de los escándalos difieren entre Watergate y los mencionados en Panamá, hay patrones comunes. En ambos casos, el periodismo investigativo fue clave para sacar a la luz la verdad y enfrentar los abusos de poder. Los Varelaleaks, el espionaje con Pegasus y los Panama Papers demuestran que, aunque las tecnologías cambian, el abuso del poder sigue presente y el papel de los medios sigue siendo fundamental.

Sin embargo, una diferencia notable entre Watergate y los escándalos en Panamá es la respuesta institucional. Mientras que Watergate culminó con la renuncia de Nixon y reformas significativas en Estados Unidos, los casos en Panamá, aunque han provocado un gran revuelo mediático, no han tenido las mismas consecuencias legales ni políticas contundentes. Esto pone de relieve la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y la rendición de cuentas en el país.

A 50 años de la renuncia de Nixon, las lecciones que dejó aquel escándalo son más relevantes que nunca. La rendición de cuentas, la transparencia y el papel de la prensa como vigilante del poder son elementos esenciales en cualquier democracia. Panamá, como muchos otros países, enfrenta el reto de aprender de estos ejemplos para garantizar que el abuso de poder no quede impune. Tal como en el caso de Watergate, los secretos pueden salir a la luz, y la prensa sigue siendo un actor crucial para que la verdad prevalezca.s

Cuando Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”, fue capturado en Madrid en febrero de 2023, las autoridades descubrieron una historia que trascendía fronteras: documentos venezolanos, un pasaporte otorgado bajo el régimen de Nicolás Maduro y una red criminal transnacional que movía toneladas de cocaína y millones en oro.

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Este supuesto líder del cártel de Bagdad pasó de ser uno de los hombres más buscados de Panamá a obtener protección en Venezuela, en un contexto marcado por tensiones internacionales y el uso de redes estatales para facilitar los movimientos de figuras del crimen organizado.

Powell era conocido como el cerebro detrás de una organización que, según las investigaciones, movía drogas a Europa utilizando contenedores en los puertos de Manzanillo y la ciudad de Colón. La crisis política y la falta de cooperación judicial con Venezuela permitieron que se moviera con relativa facilidad, evidenciando las vulnerabilidades en los mecanismos internacionales de control.

Con un pasaporte venezolano en mano, escapó a Europa, donde finalmente fue capturado en Madrid el 20 de febrero de 2023. Era la segunda vez que se procedía a su arresto fuera de las fronteras panameñas.

¿Cómo logró Yunya convertirse en el eje de una presunta red que traficó toneladas de cocaína, blanqueó millones en lingotes de oro y burló sistemas judiciales?

Del Caribe a Dubái

El 12 de junio de 2018, Powell, colonense de 41 años de edad, fue detenido en Emiratos Árabes Unidos y extraditado a Panamá, donde era requerido por investigaciones conducidas por el Ministerio Público.

Fue aprehendido mientras estaba de vacaciones en Dubái y extraditado el 25 de junio de 2018 por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Sin embargo, el 8 de marzo de 2019, la juez de Colón, Maricela Ceballos, le favoreció con un sobreseimiento provisional y le cambió la medida cautelar de detención preventiva, por la de notificación los días 15 y 30 de cada mes. Yunya quedó en libertad y, aunque tenía impedimento de salida del país, escapó de Panamá.

En 2020, se emitió nuevamente una alerta roja para su captura. Fue localizado en Madrid, España, casi tres años más tarde, el 20 de febrero de 2023, en medio de un operativo. Nadie sabe cómo llegó hasta allí: desde 2019 no consta su salida oficial de Panamá. Las agencias internacionales creen que primero viajó a Medellín, Colombia, y luego ingresó a Venezuela. Ahora enfrenta cargos adicionales por el delito de falsificación de documentos.

Este episodio evidenció deficiencias en los controles judiciales y migratorios en Panamá.

El venezolano Yunya

Información obtenida por La Prensa revela que el régimen de Maduro le otorgó documentos de identidad venezolanos, incluidos una cédula y un pasaporte.

La cédula supuestamente fue expedida el 21 de marzo de 2018 (83 días antes de su captura en Dubái) y tiene una vigencia de 10 años, hasta marzo de 2028. Ahí aparece la fotografía de Yunya, su presunta huella dactilar y su firma. Se le identifica como un nacional de Venezuela.

Con esos documentos, Yunya viajó el 3 de febrero de 2023 desde Maiquetía a Lisboa, Portugal, en el vuelo TP 172 de TAP Air Portugal. Finalmente llegó a Madrid, donde fue capturado, ese mismo mes.

Esta nota fue modificada a la 1:45 p.m. del viernes 31 de enero de 2025…

La descentralización paralela en Panamá fue un esquema irregular mediante el cual fondos públicos destinados a municipios y gobiernos locales fueron manejados por estructuras no oficiales y paralelas durante el gobierno de Laurentino “Nito” Cortizo. A través del sistema SCAFID de la Contraloría, se identificaron pagos legales e ilegales que revelaron corrupción, clientelismo y malversación, destacando serias deficiencias en los controles institucionales y generando críticas por falta de transparencia y rendición de cuentas.